Colombia para los colombianos

Respuesta a este articulo: Defensa del interés nacional - GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO

EL LITIGIO EN LA HAYA

Los costos de la desidia

POR CARLOS VILLALBA BUSTILLO. Columnista de EL TIEMPO.

Nicaragua busca no solo un rescate territorial, sino que se la indemnice.

Explicable el impacto que produjo en las universidades y los medios judiciales, y de seguro en otras franjas de opinión, el informe que la redacción judicial de EL TIEMPO publicó en días pasados sobre los costos que implicarían para la Nación probables condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia, por los casos del Palacio de Justicia, Tibú, La Gabarra, Chigorodó y el asesinato del dirigente comunista Manuel Cepeda, entre otros. El cálculo aproximado es de unos 75 millones de dólares, aparte de los 16,95 millones de dólares ya tasados como consecuencia de fallos anteriores.

Tal como sucedía con las demandas contra la Nación y las entidades territoriales, o contra los organismos descentralizados, el trámite de los pleitos internacionales se resiente de la misma desidia con que nuestro sector público y sus abogados abocan los reclamos de los particulares o de otro Estado. De más nociva incidencia serían estos últimos porque, independientemente de un eventual resarcimiento, entraría en juego el factor soberanía y muchos han sido ya los mordiscos sufridos en nuestras fronteras.

Mientras leíamos el informe citado pensamos en las pretensiones de Nicaragua en relación con San Andrés y Providencia. ¿Sabe el país cuánto nos está costando la comparecencia de Colombia ante la Corte Internacional de La Haya por habernos olvidado de los títulos que poseemos desde la expedición de la Real Cédula de 1803? Al parecer, los gastos se acercan a los 20 millones de dólares en los cinco o seis años en que el agente de nuestro Gobierno, el embajador Julio Londoño, ha viajado todos los meses de La Habana a Holanda para compartir afanes con apoderados que nos cobran a 600 dólares la hora.

En la controversia con Nicaragua, la dudosa calidad de nuestra defensa judicial, la falta de coordinación entre las autoridades del Estado, el silencio del Ejecutivo y la indiferencia del Congreso ante el peligro de perder, en el mejor de los casos, zonas marítimas y el control en el mar de las Antillas, nos muestran un cuadro político y jurídico similar al de los desafueros castigados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las masacres de Mapiripán, Ituango, Pueblo Bello y los 19 comerciantes de Santander.

No perdamos de vista que Nicaragua va en pos no solo de un rescate territorial, sino de que se le indemnice por lo que su gobierno denomina mala fe en la posesión de Colombia sobre el archipiélago. Y para ello se reservó el derecho de interponer recursos. Ahora bien, como una de las dos posibilidades es la de que la Corte le falle a favor, la cuantía de las 128 demandas contra Colombia por violación de los derechos humanos podría ser inferior a las aspiraciones de los nicaragüenses si triunfan. Agréguense las repercusiones en el mar territorial.

Ya que el Gobierno ha sido tan avaro con la información sobre el curso del litigio, las comisiones segundas de Senado y Cámara tienen la oportunidad histórica de abrir un gran debate para que el Congreso, que no reclamó nunca su desconocimiento al aceptar el Ministro Fernández de Soto la jurisdicción de la Corte, se reivindique ante la opinión. ¿Para qué teníamos, entonces, el artículo 101 de la Constitución?

Es este el interrogante que dicho debate despejaría, pues en el artículo 101 la fijación de los límites fue clara y rotunda, y en la tradición de nuestras relaciones con Nicaragua hubo cédulas reales, tratados en regla y un laudo arbitral que le permitieron al Constituyente del 91 incluir en ellos el archipiélago y la isla de Malpelo, más los islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

Triste resultaría que, después de dos siglos, una tesis parecida a la que sostuvo Nicaragua en 1804 sobre la falta de valor jurídico de una Real Orden en territorio de América tuviera el mismo efecto sobre los tratados internacionales y el laudo que confirmaron nuestros límites, por ignorancia de nuestras autoridades.

POR CARLOS VILLALBA BUSTILLO